La reforma del Código Penal que pactaron el Gobierno y Ezquerra Republicana de Catalunya de forma simultánea a la aprobación de los Presupuestos de 2023 para derogar la sedición y reformar la malversación no ha tenido los resultados que se pretendían, pero tampoco los que auguraba con temor la oposición cuando aseguraba que los dirigentes independentistas quedarían impunes. Oriol Junqueras no podrá presentarse a unas elecciones hasta 2031. El auto publicado por el Tribunal Supremo considera, por un lado, que la reforma despenaliza intentos de secesión y, por otro, que la rebaja de la malversación no procede al concurrir ánimo de lucro en la financiación del proceso independentista.
Tanto Llarena como la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, se han mostrado tremendamente críticos con la reforma legal impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según alegan ambos, los cambios legales llevan a la despenalización de hechos como los sucedidos en el procés y dan impunidad a los secesionistas.
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