El Tribunal Constitucional avanza a pasos agigantados y sin tomar apenas ningún desvío hacia el objetivo que el presidente Cándido Conde-Pumpido planteó al ser investido a principios de año: quitarle el polvo a los recursos más trascendentes y poner al día el tribunal.
La ley educativa que recibe el nombre de la exministra socialista Isabel Celáa fue recurrida por el grupo parlamentario Vox y su estudio recayó sobre el magistrado conservador Ricardo Enríquez, el más veterano entre sus compañeros. El togado ha presentado esta semana su ponencia, un texto que abogaba por rechazar dos de los preceptos de la norma. Sin embargo, el Pleno -integrado por siete progresistas y cuatro conservadores- ha decidido rechazar la posición adoptada por Enríquez y el ponente ha optado por modificarla adecuándola al sentir mayoritario de la corte constitucional.
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