2023 volverá a ser un año de ausencia de lluvia y escasez de agua. Las previsiones meteorológicas ya advierten de una primavera y verano muy secos, largos y calurosos y, aunque el consumo humano de agua es el último uso que se restringiría, las áreas urbanas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes están obligadas por ley a tener planes de emergencia, con acciones que van desde campañas de concienciación por un consumo responsable al racionamiento.
En estos momentos el 40% de los territorios urbanos en los que en cada cuenca hidrográfica se divide el servicio de abastecimiento, no cuentan con protocolo para hacer frente a una situación puntual de desabastecimiento. Más de 6,5 millones de personas viven en territorios donde no hay o donde los gestores de los ríos no disponen de información.
La ley del Plan Hidrológico Nacional del 2001, establece que las administraciones públicas responsables de abastecimiento urbano de localidades o mancomunidades de más de 20.000 habitantes deben contar con un plan especial que debe definir valores a partir de los que actuar en cada fase, así como cantidades y tipos de consumo de agua sobre los que actuar en caso de ser necesario.
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