El Tribunal Supremo ha decidido mantener la pena de 13 años de inhabilitación absoluta para el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras analizar los cambios que incurren en su condena tras la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación.
Después de analizar el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el alto tribunal ha considerado que debe sustituir la sedición únicamente por un delito de desobediencia (y no por desórdenes públicos agravados, un tipo que el Gobierno diseñó a finales de año pensando en el caso del procés) y que debe mantener las penas elevadas por malversación, al considerar que concurre ánimo de lucro en sus acciones.
El auto publicado ayer confirma también las penas de 12 años de inhabilitación impuestas contra Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a los que se aplica la misma pena de malversación y desobediencia.
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